El 8 de mayo del 2006, poco después de tomar posesión, uno de los primeros actos del presidente Óscar Arias fue firmar el decreto ejecutivo 33147-MP, mediante el cual se estableció, como política prioritaria, el programa de gobierno digital, destinado a impulsar la incorporación del país a la sociedad de la información y el conocimiento.

Se trató de una decisión inteligente y visionaria, que estableció estrategias a corto y largo plazo y creó una estructura político-administrativa para impulsarlas. Además, definió como objetivos brindar servicios digitales de calidad a los usuarios y hacer más eficaz y transparente la administración pública, mediante el uso de esas tecnologías y una amplia conectividad.

A casi tres años de estar en funciones, el balance de la iniciativa es variopinto.

Esta es la conclusión del segundo informe del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica.

Según el documento, que se sustenta en una minuciosa labor de investigación y análisis, el gobierno digital ha avanzado sustancialmente en su agenda de corto plazo, ha logrado que su Secretaría Técnica se convierta en un sólido referente institucional, capaz de trascender a la actual administración, y ha permitido coordinar esfuerzos entre distintas instituciones.

A la vez varios de sus proyectos no reportan ningún avance, no existen mecanismos sistemáticos de evaluación y, por segundo año, el Prosic concluye que su conducción política “ha seguido un camino marcado por la inestabilidad”, por lo cual, entre otras cosas, la agenda de largo plazo sigue siendo “una asignatura pendiente”.

La conducción política del gobierno digital ha dependido, sucesivamente, de la segunda y la primera Vicepresidencias de la República y –ahora– del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con la Secretaría Técnica como órgano ejecutivo.

Tal inestabilidad ha incidido negativamente en su visión de largo plazo y en la coherencia de sus tareas, y nos tememos que muy pronto la responsabilidad deberá pasar a otra instancia, dado que el ICE no es un órgano político, sino una empresa pública sin las condiciones ni la real competencia para conducir el proyecto.

Entre los programas rezagados, en parte por la complejidad jurídico-administrativa del Estado, pero en parte también por los problemas de dirección política, están el de firma digital y el de compras públicas, medulares para cumplir con el objetivo de utilizar los instrumentos de la sociedad de la información para generar eficiencia, agilidad y transparencia.

Entre los que se encuentran en plena ejecución, con puntuales beneficios, están la automatización en la emisión y renovación de licencias de conducir y pasaportes.

Se encuentran muy avanzados los proyectos piloto de Ciudades Digitales, en Alajuela, Grecia y la zona de Los Santos, así como la instalación de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), que, al momento de redactarse el informe, habían permitido llevar servicios gratuitos de Internet a 136 comunidades (de 320 contempladas en la meta para el cuatrienio), incluyendo dos en Talamanca.

Mientras todo lo anterior ocurre, los sectores empresarial, profesional y de organizaciones sin fines de lucro mantienen gran dinamismo en digitalización y redes; la cantidad y calidad de expertos en la materia es cada vez mayor en el país, y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha surgido como un promisorio elemento para extender la conectividad por todo el territorio.

Con avances como los comentados, resulta más disonante la mora político-estratégica señalada por el Prosic, y más urgente la necesidad de que se logre dotar de estabilidad a las instancias superiores del gobierno digital para que puedan potenciar su dinamismo, articular coherentemente sus elementos y proyectarse con estabilidad más allá de la actual administración.